Congreso brasileño recibe 100 mil firmas en favor de penalizar la homofobia

El documento fue recibido por Marta Suplicy, vicepresidenta del Senado y una de las más fervientes defensoras de los derechos de los homosexuales en el Congreso.

Brasilia - Grupos organizados de homosexuales brasileños entregaron hoy al Congreso nacional un documento apoyado por 100,000 firmas en favor de un proyecto de ley que tramita en las cámaras y considera como delito todo tipo de discriminación sexual.

"Somos a favor de la libertad de expresión, pero no cuando se usa para incitar la violencia" contra otras personas, declaró Toni Reis, presidente de la Asociación Brasileña de Gays, Lésbicas, Bisexuales, y Transgéneros (ABGLT), que promovió la recogida de firmas en favor del proyecto de ley.

El documento fue recibido por Marta Suplicy, vicepresidenta del Senado y una de las más fervientes defensoras de los derechos de los homosexuales en el Congreso.

La entrega de las firmas coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, que los colectivos de homosexuales del mundo celebran cada 17 de mayo, pues en esa fecha del año 1989 la Organización Mundial de la Salud estableció que la homosexualidad no es un trastorno o una enfermedad mental.

Además, ocurrió diez días después de que el Supremo Tribunal de Brasil fallara en favor de equiparar la unión civil de homosexuales a los matrimonios heterosexuales.

Según la corte, a partir de ese fallo las parejas compuestas por dos personas del mismo sexo son reconocidas como entidad familiar y gozan de los mismos derechos que cualquier matrimonio heterosexual, tanto en lo civil como en lo económico.

El diputado Jean Wyllys, miembro del Frente Parlamentario para la Comunidad LGTB, declaró que después de esa decisión del Supremo, los colectivos de homosexuales brasileños trabajan ahora en favor de la penalización de la homofobia y la legalización del matrimonio gay.

Wyllys recibió apoyo hoy de la diputada Manuela d'Ávila, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja y afirmó que "cada iglesia puede hacer sus casamientos religiosos según sus reglas, pero los derechos de los ciudadanos deben ser los mismos ante la ley y eso debe ser garantizado". 

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