La alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán, se casará con su novia la antropóloga Catalina Villa.
Fuentes consultadas por este diario aventuran una votación de 6-3 o 5-4 en favor de que las parejas del mismo sexo puedan casarse por el rito civil y se modifique sustancialmente el concepto tradicional de familia.
Sin exagerar se diría que la demanda que está a escasos días de fallar la Corte Constitucional, para que las parejas del mismo sexo puedan conformar una familia y contraer matrimonio civil, constituye la discusión pública que más polémica ha levantado en los casi veinte años del alto tribunal. De la misma importancia que la despenalización parcial del aborto o la dosis personal, y con ribetes más controvertidos que los fijados en la sentencia que abrió el camino hacia la legalización de la eutanasia. De ese tamaño es el debate.
Por sorteo a la magistrada María Victoria Calle le correspondió el estudio de la demanda interpuesta por el joven abogado Felipe Montoya Castro, quien el 11 de septiembre de 2009 formalizó su petición ante la Corte y desde entonces nada a contracorriente de la Iglesia, organizaciones cristianas, el Congreso de la República —que en seis ocasiones ha hundido proyectos de ley para reconocerles sus derechos— y hasta el procurador Alejandro Ordóñez, quien ha dicho vehemente: “La unión homosexual ni es matrimonio ni es familia”.
Una avalancha de intervenciones ciudadanas, desde la Conferencia Episcopal, 28 profesores de prestigiosas universidades del mundo, Naciones Unidas y otro largo etcétera de organismos, fueron aportadas al expediente que esta semana entra en su recta final en la Corte. Antes del 18 de noviembre el alto tribunal deberá pronunciarse sobre este candente asunto, pero todo indica que hay consenso para resolverlo el jueves próximo. Y las cábalas ya están a la orden del día. Fuentes allegadas al proceso y consultadas por El Espectador aventuran una votación de 6-3 favorable a los intereses de la comunidad homosexual.
En la orilla de los defensores a ultranza del concepto tradicional de matrimonio y familia estarían los magistrados Jorge Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla. Sobre este último, más allá de su origen conservador, los conceptos que consignó en un acta de la Corte, fechada el 17 de abril de 2008, lo dejaron en evidencia. En ese entonces se discutía el reconocimiento de seguridad social para las uniones homosexuales, y Pinilla, quien fue derrotado entonces, esbozó una teoría que hoy escandaliza, pues pidió tratamiento psicológico para ellos.
Palabras más, palabras menos, afirmó que el concepto de relación conyugal no podía predicarse entre personas del mismo sexo, criticó que no veía por qué el Estado tenía que patrocinar “estas manifestaciones distintas”, aunque se mostró partidario de reconocerles su seguridad social como quiera que en su criterio “estas personas sufren de una anomalía y requieren la atención psicológica de esa afección”. Y a renglón seguido advirtió que el Estado “no puede alentar anormalidades, pues a ese paso terminará por avalarse la convivencia con varios mujeres, varios hombres y demás situaciones anómalas que atentan contra la célula familiar”.
En su edición del 13 de septiembre pasado, El Espectador reveló el contenido de esta acta que levantó ampolla. No obstante, el abogado Montoya no recusó a Pinilla porque no quería dilatar más el fallo y tampoco le había prosperado su recusación en contra del procurador Ordóñez. Aunque todo puede pasar esta semana, fuentes enteradas de la Corte ubicaron del lado del Sí a la magistrada ponente María Victoria Calle, Luis Antonio Vargas, Humberto Sierra Porto, Jorge Iván Palacio y Juan Carlos Henao. Aunque es de un corte liberal, aún es un misterio la posición del presidente de la corporación Mauricio González. Y ocurre algo similar con el sentido del voto de Gabriel Eduardo Mendoza.
Quienes apoyan la demanda para que se modifique el concepto de matrimonio civil y el de familia temen que la ola de especulaciones sobre la votación en la Corte aumente las presiones sobre los juristas. Otros, en cambio, tienen la tesis de que ventilar estas posibles posturas de los magistrados los libran de tensión. En cualquier caso, si presión hubiere, no podría atribuírseles a los medios de comunicación. Con todo, desde el año 2007 ha sido la Corte la que ha defendido los derechos de las parejas del mismo sexo, en contravía de lo ocurrido en el Congreso.
Por ejemplo, 23 congresistas también presentaron su intervención ante la Corte, se reconocieron como una minoría en el Parlamento y concluyeron que si por la vía legislativa se les han negado los derechos a la comunidad homosexual, por las vías judiciales debería enderezarse ese camino. La discusión no es de poca monta. Apenas en 1981 desapareció del Código Penal colombiano el delito de la homosexualidad. Desde 1936 estuvo vigente. Además, en mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud conceptuó que esta condición no estaba catalogada en la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, es común oír que se les califique como “aberrados”.
Por ahora, en Colombia, las parejas del mismo sexo “son una realidad patrimonial”, pero no se les reconoce como familia. El Procurador asegura que el matrimonio se funda en una dimensión sexual “porque la mujer y el varón son portadores de una humanidad completa”. Una visión que académicos han criticado al resaltarle un origen más bíblico que jurídico. El abogado Felipe Montoya sostiene a rajatabla que las parejas homosexuales han sufrido un trato discriminatorio y que es urgente desacralizar un contrato civil como el matrimonio. Es decir, que ya no se hable de hombre y mujer, sino simplemente de pareja. En manos de nueve magistrados de la Corte Constitucional está la candente discusión y, cualquiera que sea su fallo, la polémica lo acompañará.
“Si la Iglesia no quiere casar homosexuales, tiene el derecho a no hacerlo; pero el Estado no puede seguir negando el derecho a celebrar un contrato civil, tal como lo es el matrimonio”, manifiesta el abogado Felipe Montoya, el hombre que con sólo 28 años de edad interpuso la demanda que hoy estudia la Corte Constitucional y que pretende que el matrimonio civil sea un derecho para los homosexuales. Nacido en Armenia, considera que la Constitución, al ser un marco pluralista, está diseñada para que puedan coexistir diversas formas de vida humana y que, por eso, no se puede excluir a un grupo de la población por su orientación sexual. “Sólo se está en un Estado Social de Derecho cuando la autoridad y la sociedad valoran a las personas en su dimensión humana, independientemente de su color de piel, sexo u orientación sexual”, manifiesta.
Sin exagerar se diría que la demanda que está a escasos días de fallar la Corte Constitucional, para que las parejas del mismo sexo puedan conformar una familia y contraer matrimonio civil, constituye la discusión pública que más polémica ha levantado en los casi veinte años del alto tribunal. De la misma importancia que la despenalización parcial del aborto o la dosis personal, y con ribetes más controvertidos que los fijados en la sentencia que abrió el camino hacia la legalización de la eutanasia. De ese tamaño es el debate.
Por sorteo a la magistrada María Victoria Calle le correspondió el estudio de la demanda interpuesta por el joven abogado Felipe Montoya Castro, quien el 11 de septiembre de 2009 formalizó su petición ante la Corte y desde entonces nada a contracorriente de la Iglesia, organizaciones cristianas, el Congreso de la República —que en seis ocasiones ha hundido proyectos de ley para reconocerles sus derechos— y hasta el procurador Alejandro Ordóñez, quien ha dicho vehemente: “La unión homosexual ni es matrimonio ni es familia”.
Una avalancha de intervenciones ciudadanas, desde la Conferencia Episcopal, 28 profesores de prestigiosas universidades del mundo, Naciones Unidas y otro largo etcétera de organismos, fueron aportadas al expediente que esta semana entra en su recta final en la Corte. Antes del 18 de noviembre el alto tribunal deberá pronunciarse sobre este candente asunto, pero todo indica que hay consenso para resolverlo el jueves próximo. Y las cábalas ya están a la orden del día. Fuentes allegadas al proceso y consultadas por El Espectador aventuran una votación de 6-3 favorable a los intereses de la comunidad homosexual.
En la orilla de los defensores a ultranza del concepto tradicional de matrimonio y familia estarían los magistrados Jorge Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla. Sobre este último, más allá de su origen conservador, los conceptos que consignó en un acta de la Corte, fechada el 17 de abril de 2008, lo dejaron en evidencia. En ese entonces se discutía el reconocimiento de seguridad social para las uniones homosexuales, y Pinilla, quien fue derrotado entonces, esbozó una teoría que hoy escandaliza, pues pidió tratamiento psicológico para ellos.
Palabras más, palabras menos, afirmó que el concepto de relación conyugal no podía predicarse entre personas del mismo sexo, criticó que no veía por qué el Estado tenía que patrocinar “estas manifestaciones distintas”, aunque se mostró partidario de reconocerles su seguridad social como quiera que en su criterio “estas personas sufren de una anomalía y requieren la atención psicológica de esa afección”. Y a renglón seguido advirtió que el Estado “no puede alentar anormalidades, pues a ese paso terminará por avalarse la convivencia con varios mujeres, varios hombres y demás situaciones anómalas que atentan contra la célula familiar”.
En su edición del 13 de septiembre pasado, El Espectador reveló el contenido de esta acta que levantó ampolla. No obstante, el abogado Montoya no recusó a Pinilla porque no quería dilatar más el fallo y tampoco le había prosperado su recusación en contra del procurador Ordóñez. Aunque todo puede pasar esta semana, fuentes enteradas de la Corte ubicaron del lado del Sí a la magistrada ponente María Victoria Calle, Luis Antonio Vargas, Humberto Sierra Porto, Jorge Iván Palacio y Juan Carlos Henao. Aunque es de un corte liberal, aún es un misterio la posición del presidente de la corporación Mauricio González. Y ocurre algo similar con el sentido del voto de Gabriel Eduardo Mendoza.
Quienes apoyan la demanda para que se modifique el concepto de matrimonio civil y el de familia temen que la ola de especulaciones sobre la votación en la Corte aumente las presiones sobre los juristas. Otros, en cambio, tienen la tesis de que ventilar estas posibles posturas de los magistrados los libran de tensión. En cualquier caso, si presión hubiere, no podría atribuírseles a los medios de comunicación. Con todo, desde el año 2007 ha sido la Corte la que ha defendido los derechos de las parejas del mismo sexo, en contravía de lo ocurrido en el Congreso.
Por ejemplo, 23 congresistas también presentaron su intervención ante la Corte, se reconocieron como una minoría en el Parlamento y concluyeron que si por la vía legislativa se les han negado los derechos a la comunidad homosexual, por las vías judiciales debería enderezarse ese camino. La discusión no es de poca monta. Apenas en 1981 desapareció del Código Penal colombiano el delito de la homosexualidad. Desde 1936 estuvo vigente. Además, en mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud conceptuó que esta condición no estaba catalogada en la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, es común oír que se les califique como “aberrados”.
Por ahora, en Colombia, las parejas del mismo sexo “son una realidad patrimonial”, pero no se les reconoce como familia. El Procurador asegura que el matrimonio se funda en una dimensión sexual “porque la mujer y el varón son portadores de una humanidad completa”. Una visión que académicos han criticado al resaltarle un origen más bíblico que jurídico. El abogado Felipe Montoya sostiene a rajatabla que las parejas homosexuales han sufrido un trato discriminatorio y que es urgente desacralizar un contrato civil como el matrimonio. Es decir, que ya no se hable de hombre y mujer, sino simplemente de pareja. En manos de nueve magistrados de la Corte Constitucional está la candente discusión y, cualquiera que sea su fallo, la polémica lo acompañará.
El demandante en la Corte Constitucional
“Si la Iglesia no quiere casar homosexuales, tiene el derecho a no hacerlo; pero el Estado no puede seguir negando el derecho a celebrar un contrato civil, tal como lo es el matrimonio”, manifiesta el abogado Felipe Montoya, el hombre que con sólo 28 años de edad interpuso la demanda que hoy estudia la Corte Constitucional y que pretende que el matrimonio civil sea un derecho para los homosexuales. Nacido en Armenia, considera que la Constitución, al ser un marco pluralista, está diseñada para que puedan coexistir diversas formas de vida humana y que, por eso, no se puede excluir a un grupo de la población por su orientación sexual. “Sólo se está en un Estado Social de Derecho cuando la autoridad y la sociedad valoran a las personas en su dimensión humana, independientemente de su color de piel, sexo u orientación sexual”, manifiesta.
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